A una alegría le sucede un disgusto, al menos una preocupación. Sólo dos días después de que la Suprema Corte de Justicia de México dictara, por unanimidad, que la suspensión de los toros que se había impuesto sobre la plaza de la capital no se atenía a ley y que las corridas podían volver a celebrarse, el presidente de la nación anunciaba su intención de llevar a cabo una consulta popular sobre la tauromaquia. Es lo que se lleva ahora; cuando los políticos no están de acuerdo con lo que dictan los jueces, intentan buscar subterfugios para acabar imponiendo su voluntad, aunque sea proponiendo referéndums sobre cuestiones legales.






