En octubre de 2016, una Sentencia del Tribunal Constitucional decretó que la competencia de la Generalidad de Cataluña en materia de espectáculos no podía incluir la abolición de los toros, en tanto éstos son, por Ley, patrimonio cultural inmaterial. El dictamen declaraba inconstitucional y nulo el artículo 1 de la Ley 28/2010 catalana que prohibía la celebración de festejos taurinos. Han pasado más de seis años y todavía nadie se ha atrevido a organizar una corrida en territorio catalán.






