Mientras los ganaderos de bravo se desviven a la intemperie por salvar a sus animales de la dramática situación que la última nevada ha provocado en el campo, los animalistas de ciudad siguen atacando al sector taurino desde sus cálidas oficinas subvencionadas. La última lindeza ha sido tachar a la tauromaquia de “negocio de señores de la Corte que viven del dinero público”, el mundo al revés y, viniendo tal afirmación desde un cargo público, quizá hasta pueda constituir un delito.






