Ante la retirada del Premio Nacional de Tauromaquia y otros ataques contra el mundo de los toros del Ministro de Cultura, el sector profesional taurino ha decidido no denunciar la situación a pesar del amparo que le confiere la ley. Los últimos rumores apuntan a la creación de un nuevo reconocimiento por parte de la Fundación Toro de Lidia junto a varias comunidades autónomas. Pero el verdadero premio sería organizar más novilladas y que las distinciones llegasen desde fuera del mundo taurómaco.
La ley 18/2013 dice que “la Tauromaquia forma parte del patrimonio histórico y cultural común de todos los españoles”, que “su carácter cultural es indiscutible y merece ser preservado como un tesoro propio de nuestro país”, y en su artículo 3 señala que “los poderes públicos garantizarán la conservación de la Tauromaquia y promoverán su enriquecimiento, de acuerdo con lo previsto en el artículo 46 de la Constitución Española”. Por lo tanto, la Tauromaquia es cultura por mucho que a alguien no le guste. Y si ese alguien es un político, a todas luces resultaría ilegal que intentase no acatar las leyes y la Constitución para desamparar, desatender, deteriorar, empobrecer o desprestigiar el toreo.
El ministro de Cultura Ernest Urtasun no quiere saber que la Tauromaquia es una manifestación desvinculada de ideologías. Cree que posicionarse en contra le dará votos, porque a él la función ecológica de las ganaderías y la vida de los toros se la trae al pairo, de lo contrario apoyaría su celebración y con ello el mantenimiento de medio millón de hectáreas de dehesa y de otras tantas cabezas de ganado que en ellas pastan cada año.
El prevaricador Urtasun, en un ataque de despotismo basado en el sectarismo ideológico, ha suprimido el Premio Nacional de Tauromaquia, y con ello, más allá de los insignificantes 30.000 euros de dotación que conlleva, pretende dejar de conservar, preservar y enriquecer el toreo como marca su obligación tras acceder al cargo. Parece claro que se trata de un delito, algo preocupante en democracia, como preocupante es que, más allá de críticas, el sector profesional taurino siga de brazos cruzados sin recurrir la orden dictatorial, a pesar de estar amparados por la Carta Magna, que señala que “ley penal sancionará los atentados contra este patrimonio” que es la Tauromaquia.
Por ahora, sólo la Federación de peñas taurinas de ‘bous al carrer’ de Valencia parece que pretende defender en los tribunales el Premio Nacional de Tauromaquia. La Fundación Toro de Lidia, que se antoja la institución idónea para denunciar la decisión totalitaria ministerial, no ha tomado ninguna medida y todo indica que así va a continuar. Su voluntad es la de crear un nuevo premio nacional con las comunidades autónomas que se manifestaron a favor, como Madrid, Castilla-La Mancha, Valencia, Andalucía y Extremadura. Esto le daría cierto protagonismo, algo de lo que habría que huir para buscar que el reconocimiento viniera de forma aséptica del Gobierno de España.
La Fundación Toro de Lidia y las comunidades autónomas deberían dejarse de galardones y buscar soluciones para abaratar el coste de celebración de las novilladas. Tasas, Seguridad Social, cánones, seguros… hay unos gastos que podrían reducirse y otros que podrían compartirse para que el toreo continúe vislumbrando un futuro halagüeño. Eso sí que sería un premio para la Tauromaquia.
