¿Por qué se subvenciona con fondos públicos a una asociación capaz de chantajear con dinero de sobra? Los animalistas de PETA han ofrecido casi 300.000 euros al alcalde de Pamplona para que prohíba los festejos taurinos de los sanfermines invitándole a que se ponga “del lado correcto de la historia”. Desestiman que la verdadera historia del pueblo navarro está ligada a los toros y que éstos provocan un impacto económico en la ciudad de 75 millones de euros anuales.
El año pasado PETA ofreció 250.000 euros al alcalde de Pamplona por prohibir los festejos taurinos de los sanfermines. Este año ha aumentado su oferta hasta los 298.000 euros, una cifra irrisoria si se compara con el impacto económico que genera la fiesta en la ciudad, que se estima en unos 75 millones de euros. En la carta que la fundadora de PETA, Ingrid Newkirk, ha enviado al ayuntamiento navarro, se indica que “ahora es el momento de estar del lado correcto de la historia”. Queda claro que este tipo de asociaciones animalistas creen estar en posesión de la verdad absoluta y que quienes no piensan como ellos están equivocados, aunque resulta todavía más evidente que no conocen o desprecian la verdadera historia, no la que ellos pretenden dictar.
Siendo lícitas todas las opiniones que sean respetuosas y legales, la propuesta de PETA supone más que una simple opinión y, cuanto menos, invita a prevaricar, un delito que consiste en que una autoridad, en este caso un alcalde, dicte una resolución arbitraria a sabiendas de que es injusta o contraria a la ley, y prohibir los toros por cuestiones sectarias y de ideología sería algo ilegal, por lo tanto un delito de prevaricación. Y más allá, a cualquier mortal le pica la curiosidad por saber de dónde saca los casi 300.000 euros una organización que vive de subvenciones pagadas con los impuestos de los ciudadanos y de donaciones de empresas con fines lucrativos relacionadas con el sector de las mascotas.
PETA se define como la asociación de Personas a Favor de un Trato Ético a los Animales y, entre otras cosas, es conocida por alguna de sus polémicas campañas que incluyen a menudo alusiones sexuales explícitas. Desde hace un par de meses cuenta con una web pornográfica para fomentar el veganismo. Además ha sido acusada por explotar a las mujeres y, por ejemplo, en uno de sus carteles se mostraba a una chica obesa con el mensaje: “Salva las ballenas. Pierde la grasa. Hazte vegetariana”. En las campañas contra la utilización de pieles para vestir, la mayoría de sus protagonistas son mujeres que posan en actitud erótica.
Todo indica que PETA está muy obsesionada por utilizar el sexismo activo como su estrategia de marketing. Sin embargo, según cifras públicas, la asociación acaba matando al 94% de los perros y gatos que se dejan a su cuidado por no encontrarles hogares adecuados. A ese respecto, David Martosko, director ejecutivo del Centro de Investigación y Educación Organizacional, opinó que “PETA parece que se preocupa más por financiar sus campañas mediáticas que por trabajar para las mascotas”.
¿De dónde saca la asociación tanto dinero para pagar a artistas de Hollywood y a modelos de Playboy? ¿Cómo pueden reclamar subvenciones y al mismo tiempo ofrecer 300.000 euros a un alcalde para que prohíba los toros? Afortunadamente Pamplona desoirá otra vez la tentación de los antis porque las corridas de San Fermín garantizan la obra social de la Casa de Misericordia, porque suponen una inyección de 75 millones anuales para la economía de la ciudad, porque en concepto de IVA cada ejercicio cotizan 13 millones a las arcas del Estado, porque los encierros tienen una audiencia media superior al 50% en televisión, porque son parte de la historia y del sentimiento navarro, en definitiva, porque interesan a todos los niveles y porque su alcalde no tiene intención de prevaricar.
Pero cuidado, que hay otros que ellos solitos se meten en berenjenales y podrían acabar delinquiendo. Que se lo pregunten al segundo teniente de alcalde de la localidad sevillana de Espartinas, que pretende prohibir los toros por dictamen personal. Olvida el concejal que su deber como cargo público es aparcar gustos propios y atender las obligaciones que impone la Constitución y las Leyes, entre ellas salvaguardar la tauromaquia.
