Una iniciativa pionera de la Diputación de Málaga ha abierto un debate que no se debería dejar pasar. El modelo de canon cero para La Malagueta plantea una nueva forma de entender la gestión pública de las plazas de toros: proteger al abonado y priorizar la calidad de los festejos.
Hace sólo unos días, Antonio Lorca publicaba en El País un interesante artículo sobre una iniciativa pionera de la Diputación de Málaga, que ha alquilado a canon cero la plaza de toros. La fórmula merece ser analizada en Valencia, que se encuentra en periodo de redacción del pliego de condiciones para la próxima adjudicación de su coso taurino.
Borja Ortiz, director de la Unidad de Asuntos Taurinos de la Diputación malagueña, defendía que un político debe apoyar la tauromaquia porque es su obligación legal, una responsabilidad que no puede depender de gustos personales ni de siglas, y que, del mismo modo que una Administración facilita instalaciones para actividades culturales o deportivas sin exigir necesariamente una rentabilidad económica directa, ha de hacerlo con los toros.
La empresa que gestiona La Malagueta no paga canon, pero asume compromisos como contribuir al funcionamiento de las escuelas taurinas y mantener el importe de los abonos. A cambio, dispone de libertad para establecer el coste de las entradas sueltas con el objetivo de proteger al abonado, favorecer carteles más atractivos y permitir que los grandes acontecimientos tengan un precio acorde con su demanda.
La Unión Taurina de Abonados de Valencia ha trasladado este modelo a la Diputación como posible referencia. No es una propuesta descabellada, especialmente cuando los precios de los tendidos valencianos han aumentado en los últimos seis años alrededor de un 40% en sombra y un 60% en sol.
La respuesta de la Administración señala que la titularidad legal del edificio corresponde al Hospital Provincial y que determinadas cláusulas obligan a obtener el mayor beneficio posible por su arrendamiento. Si esas condiciones impiden aplicar ahora el modelo malagueño, quizá haya llegado el momento de plantearse si deben modificarse.
Porque la cuestión no debería ser cuánto dinero se obtiene por alquilar el recinto, sino cuánto puede ganar Valencia si consigue que su coso tenga mejores carteles, más espectadores y precios más accesibles para sus abonados.
Una plaza de toros no es únicamente un inmueble. Una gran temporada genera actividad en hoteles, restaurantes, comercios y transporte; contribuye a proyectar Valencia como destino cultural y turístico y mantiene viva una actividad que pertenece a nuestro patrimonio.
Renunciar a una parte del ingreso por el alquiler no tendría por qué implicar perder dinero. Significaría invertirlo en una programación mejor, en la fidelización del abonado, en la promoción de nuevos públicos y en una mayor actividad económica para la ciudad.
Málaga ha entendido que la rentabilidad puede medirse de muchas maneras. Valencia debería estudiar esa posibilidad. Si para hacerlo es necesario acelerar un cambio estatutario o modificar determinadas condiciones administrativas, hacerlo sería una demostración mucho más efectiva de apoyo al toreo que cualquier declaración institucional.
Avalar los toros no consiste solamente en defender su existencia, sino en crear las condiciones para que funcionen mejor. Y en una Valencia con buenos carteles y una afición fortalecida no sólo ganaría la tauromaquia, ganaría la ciudad.
