Una cosa es no darse por aludido para no dar importancia al contrario y otra dejar que se salga con la suya aún cuando sus formas no sean legítimas. Dice el refranero que “quien calla, otorga”, es decir, que si no se presenta objeción alguna y se permanece callado, se da a entender que se muestra aprobación a lo propuesto, y eso no. Está bien que se ni ninguneen las acciones de los antitaurinos, pero no denunciarlas es de tontos.
Uno nunca sabe a ciencia cierta si dar cabida a las acciones de los antitaurinos es lo conveniente o si por el contrario resulta de lo más inoportuno. Con total seguridad es lo que busca ese sector, publicidad gratuita, y, mirándolo por ese lado, lo mejor sería no mencionar ni una sola palabra de los ataques que continuamente perpetran contra la tauromaquia y sus aficionados. Pero no menos cierto es que “quien calla, otorga”, y tampoco interesa que la sociedad acabe pensando que el toreo es una actividad repulsiva y deleznable a erradicar. Los antis tienen clara que su estrategia es la del martilleo, la del no parar, y se las ingenian para estar siempre lanzando sus proclamas en todo tipo de plataformas.
Especialmente peligrosa es su instalación en algunas esferas políticas que bajo la piel de la tolerancia y abanderando el respeto democrático, esconden un verdadero espíritu intransigente con ansias dictatoriales. No les importan un bledo los derechos de las personas ni las leyes vigentes, y se saltan a la torera cualquier prescripción constitucional amparados en una especie de aforamiento nada pertinente cuando su función es representar y gobernar al pueblo y no por encima de él.
Y eso es precisamente es lo que hacen quienes deciden auto-atribuirse competencias que no les corresponden en pos de conseguir sus objetivos. No voy a incidir en los valores que contiene y representa la tauromaquia a todos los niveles. Sólo quiero centrarme en la cabida que le da la Constitución y que implica que el Estado y los gobiernos autonómicos no tienen capacidad para prohibirla; todo lo contrario, es su deber protegerla y fomentarla. No hacerlo significa, entonces, un acto de prevaricación.
Hace sólo unas fechas, el ayuntamiento de la población alicantina de Pedreguer -gobernado por seis concejales de Compromís y en el que también hay dos representantes de la CUP, frente a tres populares y dos socialistas- volvió a sacarse de la manga un referéndum sobre la voluntad de seguir celebrando el toro embolado y el toro encajonado, que ha finalizado con la victoria del NO por nueve votos, nueve. Este tipo de oscuros sufragios, que se preparan estratégicamente para que el resultado sea el que pretenden sus promotores, no deberían efectuarse jamás por cuestionar una actividad legal y perfectamente definida en nuestra Carta Magna.
Y es por ello que el sector taurino debe denunciarlos y ponerse manos a la obra para que no sigan produciéndose. No se organizan comicios para cuestionar si se celebran las Fallas, ni los castillos de fuegos artificiales, ni las carreras de bicicletas, ni las de motos, ni la Fórmula 1, ni la Pascua, ni el Ramadán. Nadie vota si el sueldo de nuestros políticos es el justo o sería mejor que se lo rebajasen. ¿Por qué no plantean esa consulta? ¿Es que eso no tenemos derecho a decidirlo quienes les pagamos?
Sigo sin estar convencido de qué es mejor, si silenciar los ataques antitaurinos o darles eco. De lo que estoy seguro es de que no se deben consentir los insultos ni las acciones que no se enmarquen dentro de la legalidad. ¿O ellos se quedarían de brazos cruzados si los taurinos actuaran al margen de la Constitución?
