La Asociación Internacional de Tauromaquia (AIT) ante la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) presentada por grupos anti taurinos y partidos políticos de izquierda emite el presente pronunciamiento.
La pretensión contenida en la citada ILP no es otra que tratar de desmontar el blindaje legal que protege la Tauromaquia, otorgando a las comunidades autónomas la competencia para prohibir los espectáculos taurinos en sus territorios, lo que constituiría un expolio cultural definido en el artículo 4 de la ley de Patrimonio Histórico español.
Ante este despropósito ilegal y anticonstitucional, nos permitimos afirmar:
1º.- Que la Sentencia del Tribunal Constitucional STC 17/1991, de 31 de enero, ya resolvió el asunto de la defensa del Patrimonio Cultural, atribuyendo a la Administración del Estado la competencia para su defensa ante el expolio, entendido como “toda acción u omisión que ponga en peligro de pérdida o destrucción todos o algunos de sus valores, o perturbe el cumplimiento de su acción social”, al resolver las 4 impugnaciones a la Ley de Patrimonio Histórico español, como lo dispone el artículo 4º de dicha Ley.
En tal virtud, el anteproyecto de ley que contiene la ILP, carece de todo fundamento constitucional y sólo es una astucia para tratar de sustraer competencias que son exclusiva del Estado por mandato constitucional, expresamente contenido en los artículos 46 y 149.1.28 del texto de la Carta Magna, y en el citado artículo 4º de la Ley de Patrimonio Histórico.
COMUNICADO DE PRENSA
2º. Que esta pretendida competencia de las comunidades autónomas para prohibir expresiones de nuestro Patrimonio Cultural, también fue rechazada recientemente por la sentencia del Tribunal Constitucional STC 177/2016 de 20 de octubre, que declaró la inconstitucionalidad de la prohibición de la Tauromaquia dictada por el parlamento autonómico de Cataluña.
Por tal motivo, tanto la Asociación Internacional de Tauromaquia (AIT), pionera en la utilización del concepto de Patrimonio Cultural para de defensa de la Tauromaquia, junto a los cientos de miles de aficionados que luchamos desde las asociaciones culturales, peñas, instituciones, corporaciones municipales y el Parlamento que aprobó la Ley 18/2013, de 12 de noviembre, que ilegal e inconstitucionalmente se pretende derogar, esperamos que en esta oportunidad el sector reaccione adecuadamente, para garantizar a los ciudadanos el goce y disfrute del Arte de la Tauromaquia en su sentido más amplio, como la propia ley lo dispone, manteniendo ese sólido blindaje a esta seña de nuestra identidad cultural.
Asimismo, esperamos que como dicha Ley 18/2013 ordena al imponer a los poderes públicos estadal, autonómico y municipal, la obligación de proteger la Tauromaquia, conservarla y enriquecerla, se rechace en nuestro Parlamento cualquier intento o acción que persiga su expolio.
Finalmente, así como lo ordena su propio texto, una vez vigente la Ley 10/2015, de 26 de mayo, que adecua la legislación española a las disposiciones de la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural de la UNESCO, se dé cabal cumplimiento a las disposiciones programáticas contenidas en la misma.
