Para sanear y fortalecer la Tauromaquia son necesarias varias acciones agresivas. Una de ellas tiene que ver con las condiciones de arrendamiento de los cosos de titularidad pública. Si las Administraciones ayudan con pliegos acordes al complicado momento que atravesamos, todo puede resultar un poco más sencillo.
Que la Fiesta de los toros ya estaba herida antes de comenzar la pandemia es de sobra conocido. Que el coronavirus ha hecho presa en ella como si de un bicho carroñero se tratara es evidente. Hace más de un año, muchos críticos abogamos por una movilización de los profesionales durante el obligado tiempo de inactividad que la Covid impuso, y así lograr mejoras cuando todo se reactivase. Pocos reaccionaron y todo indica que lamentablemente estamos en el mismo punto donde lo dejamos, o peor.
Los costes generales para organizar un festejo son muy elevados, inasumibles cuando se trata de novilladas, un agravio comparativo con otras actividades consideradas de formación. Mientras el cine, el teatro, la música, la danza… reciben suculentas subvenciones, la tauromaquia sufre unas cargas impositivas asfixiantes que, no sólo la marginan respecto al resto de la cultura, sino que la zancadillean poniendo a prueba su resistencia.
Entre otras acciones urge una renegociación tributaria con las Administraciones que equipare el toreo a las demás artes, sobre todo en lo que a novilladas se refiere, por supuesto también una revisión interna, y se antoja necesario que las Instituciones propietarias de cosos taurinos redacten pliegos de condiciones para su arrendamiento que favorezcan y no torpedeen. Porque ayudar a los toros es fortalecer la economía de los pueblos y de sus gentes.
La Diputación de Valencia está a punto de sacar a la luz un nuevo documento para el alquiler de su plaza. Teniendo en cuenta las circunstancias actuales, será un pliego crucial para el futuro, un contrato espejo en el que se mirarán próximas redacciones. Por eso es importantísimo que se cuiden todos los detalles y que el resultado sea positivo para todos, es decir, para los profesionales, para la propietaria, para la ciudad y, sobre todo, para los aficionados.
El canon a pagar debería ser cero. Mientras al Palau de la Música o a los teatros de la Generalitat se les inyectan suculentas cantidades económicas, no es lógico que el recinto taurino tenga que abonar un alquiler. Soy consciente de que existe una Ley de Patrimonio que establece que el pago no debe ser inferior al 6% del valor del inmueble, lo que supondría unos 7.000 euros por festejo. Pero entiendo que se deberían buscar fórmulas para que el empresario invierta esa cuantía en el apartado de mejoras para los espectadores.
Legalmente, el propietario real de la plaza es el Hospital General de Valencia, pero técnicamente es la Diputación porque el edificio médico le pertenece. Le toca a la Institución provincial velar por sacar rendimiento monetario al coso para invertirlo en el Hospital. Sin embargo, el arriendo va a parar a las arcas de la Diputación, que cuenta con un presupuesto de 50 millones de euros. ¿Qué suponen en ese montante los actuales 200.000 euros del alquiler de la plaza?
El contrato debería incidir en ventajas sobre el precio de las entradas y de los abonos, en potenciar el número de corridas en fechas que han quedado un tanto abandonadas, como mayo, julio y octubre, en sumar al menos una novillada en la feria de San Jaime, en dotar de mayor número de animales a la Escuela Taurina y en potenciar la oferta cultural con el montaje de exposiciones y coloquios, así como en promocionar el toreo en los medios de comunicación a cambio de que éstos incluyan espacios taurinos en su programación.
Eso sería un pliego de condiciones ejemplar que vela por la clientela y por el futuro. Un documento pionero que debería suponer un punto de inflexión en las negociaciones posteriores, y todo sin que la propietaria tuviera que invertir un solo euro.
