El regreso a la Cámara Baja de la polémica iniciativa legislativa pretende despojar a la Fiesta de su estatus patrimonial y abrir la veda a su prohibición autonómica.
La ofensiva política contra la identidad cultural de España ha reactivado su maquinaria en el Congreso de los Diputados. Según escribe David Jaramillo en La Razón, un bloque de 52 parlamentarios —pertenecientes a formaciones como Sumar, Podemos, ERC, Junts, Bildu y el BNG— ha tomado el testigo de la controvertida Iniciativa Legislativa Popular (ILP) “No es mi cultura” para transformarla directamente en una Proposición de Ley. Este movimiento legislativo no es un trámite cualquiera; representa una amenaza directa y frontal contra el blindaje jurídico de la Tauromaquia, buscando despojar a la Fiesta del estatus protector del que goza desde hace más de una década.
El objetivo prioritario de este sector es derogar la Ley 18/2013, la norma histórica que declaró formalmente a los toros como Patrimonio Cultural de España y que, de manera efectiva, ha servido de escudo legal frente a los intentos de prohibición o asfixia reguladora por parte de los ejecutivos autonómicos y locales de corte nacionalista o de izquierdas. Al debilitar esta base legal, la propuesta pretende fragmentar las competencias y transferirlas de vuelta a las comunidades autónomas, abriendo la puerta a un goteo incesante de vetos territoriales que pondría en jaque la viabilidad misma de la temporada taurina nacional.
Esta maniobra supone un nuevo intento de judicializar y politizar un arte que pertenece de forma intrínseca al pueblo y a su historia. La promotora de la medida, Aida Gascón, ha comparecido a las puertas de la Cámara Baja arropada por los parlamentarios firmantes para presionar de forma explícita al Partido Socialista. Cabe recordar que en octubre del año pasado una propuesta idéntica fue frenada en seco gracias al voto en contra de PP, VOX y UPN, sumado a la abstención del PSOE. Ahora, el bloque promotor busca arrastrar a las filas socialistas fuera de su postura neutral para consumar lo que los aficionados consideran un atropello a la libertad cultural de millones de españoles.
