La protesta contra la tauromaquia es legítima mientras respete los límites de la convivencia y la seguridad. Saltar deliberadamente al ruedo con un toro en la arena no es una reivindicación pacífica, sino una acción temeraria y provocadora que obliga a otros a intervenir para evitar una tragedia. Lo ocurrido en Palma plantea, además, la paradoja de que quien acudió a rescatar a la activista ha terminado denunciado por la persona a la que retiró y puso a salvo.
La libertad de expresión nunca debe implicar irresponsabilidad. Se puede rechazar la tauromaquia, criticarla y pedir su abolición, pero no debería admitirse convertir una protesta en una amenaza para la integridad de quienes participan en un espectáculo legal.
Lo ocurrido el pasado 6 de agosto en el Coliseo Balear de Palma va más allá del enfrentamiento entre taurinos y antitaurinos. Dos activistas acudieron a la plaza con la intención premeditada de boicotear el festejo. Uno de ellos fue detectado antes de que pudiera alcanzar el ruedo. Su compañera, sin embargo, consiguió ejecutar el plan y entró en la arena cuando todavía había un toro en ella.
No hay activismo inocente en una acción semejante. Hay, sencillamente, una decisión consciente de introducirse en un espacio de riesgo y de alterar por la fuerza el desarrollo de un espectáculo. Y algo más grave, obligar a terceros a intervenir para evitar que quien ha provocado la situación termine sufriendo las consecuencias de su propia temeridad.
Gabriel Pericás, conserje del coso y exnovillero, saltó al platillo para sacarla de un lugar en el que su presencia podía desencadenar una desgracia, porque el toro, que acababa de doblar las manos, aún era capaz de levantarse y reaccionar de manera imprevisible ante una persona que no debería estar allí. Evidentemente no cabía petición cortés de abandono del redondel sino celeridad. La paradoja es que quien intervino para retirar y proteger a la intrusa ha terminado denunciado por lesiones. Habrá que preguntarse qué sociedad estamos construyendo cuando el que acude a rescatar a una persona que voluntariamente se coloca en peligro puede acabar sentado en el banquillo de los acusados.
La protesta necesita límites cuando afecta a la seguridad de los demás. También cuando transforma a quienes trabajan en un espectáculo en protagonistas involuntarios de una confrontación que no han buscado. Además, ellos no tienen por qué asumir un trance añadido porque alguien haya decidido convertir el ruedo en escenario de una reivindicación. La discrepancia es legítima; el sabotaje que compromete la seguridad, no.
Y hay otra cuestión que tampoco debería pasarse por alto. Una protesta que necesita el peligro para ser visible quizá ya no busca convencer a nadie sino provocar. Busca la imagen, el impacto, la interrupción y, en último término, convertir al contrario en parte de la propia estrategia propagandística.
La tauromaquia no debe responder a estas provocaciones con más radicalidad. Necesita seguridad, firmeza y respeto a la ley. Y quienes trabajan en las plazas necesitan saber que, cuando actúan para evitar una tragedia, no quedarán desamparados frente a quienes han provocado deliberadamente la situación.
Porque una cosa es protestar contra los toros. Y otra muy distinta es jugarse la vida, poner en riesgo la de los demás y después presentar como agresor a quien intentó impedir que aquello acabara en drama. La irresponsabilidad disfrazada de protesta no merece protección.
