Tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado, de la Orden CLT/928/2024, de 3 de septiembre, por la que se ha modificado la Orden de 22 de junio de 1995, que regula los Premios Nacionales del Ministerio de Cultura, derogando el Premio Nacional de Tauromaquia, los servicios jurídicos de la Federación de Peñas de Bous al Carrer de la Comunidad Valenciana están analizando la norma y, tal como advertimos al Ministro, la afición valenciana estudia acudir a los Tribunales de Justicia para defender la Tauromaquia como expresión cultural identitaria de nuestra tierra y de toda España.
Sin perjuicio de un análisis más exhaustivo, la mera lectura de la norma reglamentaria revela que no sólo es arbitraria e inmotivada, sino que además incurre en desviación de poder, por imponer un criterio político o ideológico a la realidad y a la legislación vigente, obviando de forma contumaz que la Tauromaquia es uno de los máximos exponentes del acervo cultural que une a todos los españoles y naciones hermanas. Además, la Orden Ministerial es manifiestamente contraria a la legislación básica estatal, que en esta materia viene constituida por la Ley 18/2013, de 13 de noviembre, reguladora de la Tauromaquia como Patrimonio cultural, que impone a los poderes públicos el deber de garantizar la conservación de la Tauromaquia y promover su enriquecimiento, de acuerdo con lo previsto en el artículo 46 de la Constitución.
Para esta Fedración “El Sr. Ministro y las Autoridades y funcionarios responsables de la norma, han obviado de forma flagrante y obscena a nuestro juicio el mandato legal, condenando a la Orden Ministerial publicada a ser anulada por nuestros Tribunales por los motivos expuestos, entre otros, que se harán valer ante los mismos por la afición valenciana”.
Por lo expuesto, con la contundencia que requiere todo lo acaecido, frente a una norma reglamentaria de marcado carácter ideológico, que limita derechos reconocidos constitucional y legalmente y que vulnera a nuestro juicio de forma voluntaria, consciente y obscena la legalidad, la Federación no descarta el ejercicio de las acciones penales que procedan contra el Sr. Ministro y las Autoridades y funcionarios responsables si resultase acreditada la imposición de una norma reglamentaria en la que se imponga la voluntad del Ministro y Autoridades sobre la legalidad vigente y la realidad.
