Como consecuencia de la negativa del Ayuntamiento de Valencia y de la Generalitat Valenciana a la celebración de Toro Embolado en las pedanías de la ciudad de Valencia, la Federación de Peñas de Bpus al carrer de la Comunidad Valenciana, a instancias de la ASOCIACIÓN PEÑA TAURINA EL CARPESANO, PEÑA TAURINA EL FERRATGE, ASOCIACIÓN CULTURAL TAURINA L’ESQUELLOT, ASOCIACIÓN CULTURAL TAURINA GENT DEL POBLE DE MASSARROJOS y AMICS DEL BOU DE BENIMÁMET, ha interpuesto sendos recursos contenciosos-administrativos contra las resoluciones de ambas Administraciones.
Las resoluciones recurridas dictadas en fecha 22/04/2023 y 27/04/2023 por el Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat Valenciana respectivamente, se fundamentan en el Acuerdo de la junta de Gobierno del Ayuntamiento de Valencia de fecha 10 de junio de 2016, durante el gobierno del tripartito, que considera “maltrato animal” la modalidad de tauromaquia tradicional del “Bou Embolat”, de gran raigambre en las provincias valencianas. Sin entrar ahora en argumentaciones jurídicas, pues ello es competencia del letrado director de ambos procedimientos, D. Eduardo Breña y Breña, la Federación pone de manifiesto que las resoluciones recurridas carecen de motivación, pues poseemos informes veterinarios que contradicen y desacreditan tan “desafortunada calificación” de nuestra cultura y tradiciones y, así mismo, porque se trata de un supuesto flagrante de agravio comparativo respecto de los cientos de municipios y pueblos de la comunidad Valenciana en los que la Generalitat sí ha autorizado la celebración de Bou Embolat.
Para la Federación, ni la afición valenciana, ni las peñas y asociaciones que la integran, merecen en modo alguno que las Administraciones atropellen sus derechos constitucionales de libre acceso a la cultura, incumpliendo además el mandato legal de promover y proteger la Tauromaquia que establece la Ley 18/2013, reguladora de la Tauromaquia (en todas sus modalidades) como patrimonio cultural español, entendiendo la Junta Directiva actual de la Federación que bien podrían haberse evitado éstas acciones judiciales de haberse procedido en su momento, por la oposición, que manifiesta ser pro taurina (PP y Vox), a impugnar el citado Acuerdo de Junta de Gobierno.
Una vez más es la afición, el pueblo, el que debe defender los derechos y libertades individuales y colectivos garantizados por la constitución frente a decisiones de carácter ideológico y político, arbitrarias y que vulneran la legalidad, cercenando no sólo los derechos de quienes gustan de los Bous al Carrer, sino el legado cultural que significa y que se tiene la obligación de conservar, fomentar y hacer respetar.
Desde la Federación se mantendrá informados a todos los colectivos implicados e interesados del desarrollo del proceso y del decidido apoyo que esperan de las instituciones y organizaciones que comparten esta cultura y valores y su firme convicción en la defensa de la Tauromaquia y de nuestra cultura.
