La mesa de contratación de la Diputación Provincial de Málaga ha declarado desierto el concurso para la ‘organización y gestión de los espectáculos taurinos a celebrar en la plaza de toros de La Malagueta durante la Semana Santa y la Feria de Agosto, y la promoción y apoyo a la Escuela Taurina Provincial’, una vez cumplido el plazo abierto sin que se haya presentado oferta alguna.
El diputado de Cultura y Asuntos Taurinos, Víctor González, ha declarado que en enero se estudiará la situación para plantear alternativas. “Nuestra intención es que haya toros en Málaga en 2021, si la pandemia lo permite, y buscaremos la mejor fórmula para que así sea”.
Víctor González defendió el contenido del pliego y destacó la implantación del canon 0. Es decir, el adjudicatario no paga nada a la Diputación por desarrollar su negocio taurino privado en un inmueble que es Bien de Interés Cultural (BIC), propiedad de esta institución. “Es la primera vez que una Administración pública con plaza de primera categoría no cobra arrendamiento alguno”, ha subrayado el diputado de Cultura.
Además, al empresario se le pone a su disposición un coso recién rehabilitado y en el que se ha invertido más de cuatro millones de euros; se le ofrece la posibilidad de bajar las tarifas por debajo de las establecidas oficialmente y crear ‘mini-abonos’ como un instrumento comercial y de marketing para aplicarlos en aquellos festejos con menor demanda de público, tal y como demandaban los empresarios.
El pliego contemplaba un contrato por cuatro años (2021-2024) con prórroga de un año más, reactualización del precio de las entradas y la disminución de la carga económica que el adjudicatario soportaba con sus obligaciones con la Escuela Taurina Provincial-Diputación de Málaga y fijaba como obligación la organización de nueve festejos mayores en cada anualidad, uno en Semana Santa y ocho en la Feria de Agosto, de ellos seis corridas de toros, una de rejones y una novillada con picadores.
A los concursantes se les obligaba a aplicar un descuento mínimo del 20% a los abonados y se les primaba en los criterios objetivos aquellos que superaran el descuento obligatorio. Al mismo tiempo, también se puntuaba a los que aplicaran un porcentaje por la reducción del precio máximo de cada localidad, según la tarifa establecida por la Diputación.
