Picadores, banderilleros y mozos de espada han manifestado su malestar por entender que se reduce en un 40% los puestos de trabajo.
Para hacer frente a las limitaciones de aforo establecidas por el Gobierno central y paliar su perjuicio económico en el sector taurino, la Junta de Andalucía ha establecido una normativa para ‘festejos singulares’ como medida excepcional y temporal con el objetivo de reducir costes en la organización de los espectáculos taurinos que se aplicarían durante la crisis sanitaria provocada por el Covid-19.
Se contempla que los festejos puedan celebrarse en plazas de segunda y tercera categoría y plazas portátiles con la lidia de un máximo de seis y un mínimo de tres reses. El punto más polémico de la normativa refiere que las cuadrillas reduzcan un banderillero, un picador y el ayuda de mozo de espada.
Ante tal decisión, la Unión Nacional de Picadores y Banderilleros de España y la Asociación Nacional de Mozos de Espada, han manifestado su malestar por entender que se reduce en un 40% los puestos de trabajo de cada festejo en las cuadrillas, y han emitido el siguiente comunicado:
“Manifiéstanos nuestra más enérgica protesta, pues, lejos de paliar la crisis del sector, la Junta de Andalucía provocaría una mayor, al reducir los puestos de trabajo entre unos colectivos profesionales que, al igual que otros, ha visto suspendida tajantemente su actividad y lleva sin recibir ingresos de ningún tipo desde que finalizó la pasada temporada anterior, en octubre de 2019.
Tal medida puntual de fijar sólo un picador y dos banderilleros por cuadrilla, que además influiría negativa y directamente en la calidad de la lidia y en el buen desarrollo del espectáculo, no supondría ningún beneficio considerable para el sector, y menos aún tan alargada en el tiempo pues se pretende que dure un año independientemente de la situación sanitaria, pero hace sospechar de la influencia en la decisión, aprovechando el actual río revuelto, de otras partes implicadas que, con absoluta insolidaridad, llevan ya tiempo intentando imponerla definitivamente no sólo en plazas andaluzas.
Extrañamente, la propuesta de la Junta de Andalucía no obliga a otros estamentos, como ganaderos o empresarios, a pasar por ningún tipo de penalización como la impuesta a las cuadrillas, como tampoco establece medidas de reducción del precio en las entradas para facilitar el acceso al aficionado que también sufre la crisis económica. Nos parece muy triste que, como única conclusión posible, el gobierno andaluz pretenda implementar un modelo de espectáculo taurino afectando y sacrificando únicamente a su sector laboral más débil.
Hay que tener en cuenta que el Gobierno de Andalucía, así como los partidos que lo componen, que tanto presumen de apoyarla, no han elevado estos días ninguna queja al Gobierno del país por la discriminación que la tauromaquia está sufriendo respecto a otras industrias culturales, ni tampoco han presentado un plan alternativo o medidas técnico sanitarias para mejorar dicha marginación y conseguir que el toreo tenga las mismas condiciones que otras actividades artísticas.
Por todo ello, esperamos que los responsables de la Junta rectifiquen y den marcha atrás en este claro atropello a los derechos laborales del sector taurino, pues, en caso contrario, estas asociaciones mayoritarias adoptarán las medidas necesarias que caben en nuestro ordenamiento jurídico para defender los derechos de los profesionales taurinos”.
