El futuro de los toros queda en manos de sus 32 estados.
La Cámara de Diputados de Méjico ha dado luz verde casi por unanimidad —con 470 votos a favor, ninguno en contra y dos abstenciones— a la Ley General en Materia de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales. La normativa, impulsada por el Ejecutivo de Claudia Sheinbaum y avalada previamente por el Senado en septiembre, deriva de la reforma constitucional aprobada a finales de 2024 y pasa ahora al Gobierno para su promulgación y posterior publicación en el Diario Oficial en un plazo máximo de 365 días naturales.
El texto reconoce jurídicamente a los animales como “seres sintientes” capaces de experimentar dolor o sufrimiento, endurece las reglas para el cuidado y venta de mascotas y fija protocolos estrictos para zoológicos, acuarios y granjas didácticas. Sin embargo, el legislador federal ha esquivado la prohibición directa de las expresiones culturales tradicionales, remitiendo su regulación específica a las 32 entidades federativas del país y establece un “Régimen Jurídico Diferenciado” que protege la naturaleza, características y vínculos específicos de cinco actividades arraigadas en la identidad mexicana: las corridas de toros, los jaripeos, las peleas de gallos, las cabalgatas y las suertes de la charrería. Todas ellas conservan su estatus de actividades legales dentro del ordenamiento nacional allí donde las disposiciones locales permiten su celebración.
Esta ley mantiene el principio de progresividad y no regresividad al que quedan sometidas las legislaturas locales, por lo que cualquier restricción o recorte ya aprobado se convierte en prácticamente irreversible para futuros gobiernos, dejando a la Fiesta a merced de mayorías circunstanciales. Esta cláusula amenaza con perpetuar las prohibiciones o limitaciones vigentes en estados como Sinaloa, Guerrero, Coahuila o Quintana Roo, además de cerrar prácticamente la puerta al regreso de las corridas tradicionales con sangre a la Monumental de Méjicotras haber sido despojada de sus elementos esenciales por el Congreso de la capital federal.





